Según una investigación de la Agencia Proceso (Apro),
que cita Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, la Procuraduría
General de la República (PGR) conoce los vínculos de Miguel Ángel Yunes Linares
con el narcotráfico y el crimen organizado desde 2001, y hasta la fecha no
ejerce acción penal al respecto. Por el contrario, el presidente de la
República, Vicente Fox Quezada, lo nombró en enero del año pasado subsecretario
de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP).
Yunes Linares fue titular de la Secretaría General de
Gobierno en el estado de Veracruz entre 1992 y mediados de 1997, bajo el mando
de Patricio Chirinos Calero, tiempo en el que ambos personajes dieron
protección a Albino Quintero Meraz, miembro del cártel de Juárez. A la muerte
de Amado Carrillo Fuentes, líder de la organización criminal, Albino Quintero
sentó sus reales en los estados de Veracruz y Tamaulipas, hasta que fue
capturado el 2 de mayo de 2002 por el ejército federal mexicano.
Quintero Meraz era propietario de un Lear Jet que le
costó 750 mil dólares y que tripulaba el capitán Arnaiz. Patricio Chirinos y
Miguel Ángel Yunes se lo pedían prestado, y el narcotraficante les pagó quince
millones de dólares por protección del Estado, pues su avión transportaba un
promedio de 800 kilogramos de cocaína en cada viaje de Colombia a Veracruz.
Yunes supo de estas cargas y subió la cuota de protección a 25 millones de
dólares. Con parte de ese dinero se compró un yate de lujo que navega con el
nombre de Fedayin y que alguna vez encalló en las playas de Cancún frente a las
Villas Solymar, donde hacía de las suyas el pederasta Jean Succar Kuri.
La Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) de
Estados Unidos y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de México, asegura
la Apro, tienen pruebas contundentes de lo anterior en testimonios grabados de
testigos protegidos.
A principios de 2002, el director de la AFI, Juan Carlos
Ventura Moussong, envió un oficio confidencial al fiscal especial de la
Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada
(SIEDO), Eduardo Berdón Toledo, urgiéndolo a reunirse con el procurador general
de la República, Rafael Macedo de la Concha, ya que Yunes y Chirinos
"fomentaron las actividades del narcotráfico y en concreto recibieron
alrededor de quince millones de dólares".
Ventura Moussong había confiado a algunos allegados que
temía por su vida, y el 30 de julio de 2002, pocos días después de hallar la
pista de Albino Quintero, fue asesinado a tiros por un grupo de sicarios. Tenía
41 años de edad y era el principal captor de Mario Villanueva Madrid, ex
gobernador de Quintana Roo, también involucrado con el narcotráfico y el crimen
organizado. Este asesinato no ha sido esclarecido, aunque Miguel Ángel Yunes
había contactado a Juan Carlos Ventura para proponerle "que arreglaran las
cosas de mejor manera y no siguieran con las investigaciones sobre Quintero
Meraz", a decir de la Apro.
Por su parte, Joaquín Legarreta, agente de la DEA
adscrito a la embajada de Estados Unidos, expresó entonces su molestia por la
impunidad de Chirinos y Yunes ante la gran cantidad de pruebas acumuladas en su
contra por la PGR desde 2001.
A los nexos criminales de Yunes, habría que agregar el expediente represivo que motivó 17
recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante su
gestión al frente de la Secretaría de Gobierno en el estado de Veracruz.
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